Las Millonarias Pensiones de los Condenados de Punta Peuco

Derechos Humanos
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Mientras lo(a)s beneficiado(a)s por la Ley de Reparación a Víctimas de Tortura y Prisión del gobierno de Lagos obtienen la módica y simbólica suma de una y media pensión mínima, al día de hoy, $175.988 el promedio de las pensiones de los violadores de derechos humanos presos en Punta Peuco asciende a $1.618.459. La de los "coroneles" y "generales", como Torres Silva, Covarrubias Valenzuela y Krassnoff Matchenko sube de $2,5 millones. Y ese es el problema: al no haber sido degradados, siguen cobrando la pensión que corresponde a su grado Militar.

Presos por DD.HH. en Punta Peuco tienen pensiones de hasta $ 3,2 millones

F. Duarte, J. Matus, V. Rivera. A. López

Por vía Transparencia, Capredena informó montos mensuales que reciben ex miembros de las FF.AA. que están recluidos. La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, mientras que Miguel Krassnoff obtiene al mes $ 2,4 millones.

A través de un requerimiento presentado por La Tercera, mediante Ley de Transparencia, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) hizo un catastro de personas que pertenecen a las tres ramas de las FF.AA., que actualmente tienen pensiones de parte de esta institución. El resultado: 95 generales en retiro y ex oficiales condenados por causas de violaciones de derechos humanos reciben mensualmente, en promedio, $ 1.618.459.

Esta petición fue respondida en base a los nombres y RUT de los internos que aparecen en el registro elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de 2015, donde se señala su lugar de reclusión, siendo Punta Peuco el que concentra la mayoría de los casos. Todas las jubilaciones entregadas por Capredena figuran en montos brutos.

Quien lidera la nómina es el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de $ 3.254.85. La fecha en que se empezó a entregar la pensión fue el 11 de noviembre de 1999. El coronel (R) del Ejército cumple una pena de 10 años por el homicidio de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), ocurrido en 1991.

Otros de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine). Recibe $ 2.940.671 desde el 1 de agosto de 1997. También fue condenado por el caso Berríos a 10 años y un día por autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita.

En tanto, Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, también obtiene una de las jubilaciones más altas de la nómina: $ 2.489.658 desde 1999.

El ex subdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes $ 2.143.977 desde 1991 y el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán Castilla, cuenta con una pensión de $ 716.442.

Otro de los condenados emblemáticos es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato de Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de Capredena de $ 1.019.730.

El registro incluye pensiones vigentes y suspendidas.

Ese último estado significa que fue paralizada por la muerte del beneficiado y no existe un montepío.

Estos pagos son realizados mensualmente a través del BancoEstado vía Cuenta RUT o cuenta corriente. También pueden ser cancelados vía retiro por ventanilla.

Para el abogado de casos de lesa humanidad Nelson Caucoto, “el hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben”.

Respecto de la opción de retirar estas pensiones, el abogado señaló no estar de acuerdo con eso, pues “significa castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos”.

En tanto, el abogado que representa reos en Punta Peuco, Raúl Meza, planteó que “es un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley (…), como cualquier ciudadano tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas y especialmente las de sus familiares frente a la incapacidad de generar ingresos”.

Finalmente, indicó “que cualquier iniciativa de ley (que busque quitar ese derecho) vulneraría la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal”.

Fuente: La Tercera