Según la empresarial Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en una parte del territorio nacional no rige el Estado de derecho y una situación de violencia podría extenderse por todo el país. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Hasbún, afirmó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) protege a “asesinos desquiciados”.

Ahora que la SOFOFA, mediante un inserto, pide poco menos que la intervención militar de la Araucanía, donde en opinión de la cúpula del empresariado chileno, no impera el estado de derecho, es oportuno recobrar el caso de Raúl Castro Antipán, un agente infiltrado de Carabineros, que en un juicio público y abierto, confesó la autoría de varios atentados incendiarios en la Araucanía, y colocarlo en perspectiva.

A mediodía de este jueves, en la Corte Suprema, una vasta gama de agrupaciones y organizaciones sociales se reunieron para hacer entrega al Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch una carta exigiendo la libertad de la Machi Francisca Linconao. Es solo una de las múltiples muestras de solidaridad que ha suscitado la evidente injustica de su caso.

En cuatro ocasiones, Troncoso ha revocado la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco que busca lograr que la machi Linconao espere en su hogar y no en prisión el juicio relacionado al caso Luchsinger-Mackay. El mismo magistrado ha beneficiado con esa medida a violadores de Derechos Humanos, incluidos al que se le encontró armamento de guerra, y un agricultor que asesinó a un comunero mapuche.

Cargos contra tres gendarmes que intervinieron en el traslado de Lorenza Cayuhán fueron formulados en el sumario administrativo, aunque sin abordar la mantención de las esposas durante el parto de la comunera, lo que es denunciado como una estrategia para encubrir a altos mandos de Gendarmería en este caso.

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