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Otro capítulo sobre los polémicos y turbios negocios del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, salió a la luz pública. Esta vez se trata de la compra de 118 mil hectáreas en Chilo, equivalentes al 15%, a través de una empresa offshore en Panamá, y por tanto, evadiendo los correspondientes impuestos.

Con abusivas connotaciones de escándalo, que por cierto no corresponden, la UDI acusa al Pertido Comunista por la venta de cien inmuebles por la "millonaria" suma de $3.500 millones. Entonces, qué decir de Pablo Longueira, que en poco más de dos meses, gastó $ 1.000 millones en su frustrada y trunca campaña en las primarias presidenciales de 2013, de las que se bajó producto de la depresión. Si eso no es turbia relación entre el dinero y la política, entonces qué será.  

Un informe de la PDI, que analizó 75.987 correos electrónicos y 129 carpetas de documentos incautados a la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, entrega contundentes pruebas de las presiones y cabildeos de los poderosos empresarios pesqueros sobre diputados y senadores, especialmente de la UDI, empezando por la entonces Presidente de la Comisión de Prensa del Senado, Jacqueline van Risselberghe, mientras se tramitaba la fatídica Ley Longueira.

Cuando todavía no se sabe la suerte de Jorge Sánchez y Enrique Ojeda, atrapados en las profundidades de la mina Delia 2, comuna de Chile Chico, Undécima Región, la Minera Cerro Bayo anunció que pretende rehabilitar la Mina Javiera, a menos de diez kilómetros de la tragedia.  

Inundación de agua y barro mantiene a más de mil metros de profundidad a operarios, de 26 y 34 años, sin que hasta el cierre de esta edición se haya podido tomar contacto con ellos. Se estima que cuentan con reserva de oxígeno al menos para 48 horas.

Producto de las lesiones, falleció Carlos Guerrero Lucero, de 83 años, uno de los heridos más graves por la explosión registrada el pasado domingo en un condominio de la comuna de Quilpué. La SEC determinó que la causa de la explosión fue una cocina mal instalada.

La legislación vigente genera, dentro de los expertos, serias dudas sobre las garantías procesales con que se llevan los casos en los que se aplique. Con una serie de normas extraordinarias, la Ley Antiterrorista se ha ganado los cuestionamientos de una comunidad internacional que no concibe la escasa rigurosidad de la controvertida legislación.

El hecho de que la justicia en Chile opera con un doble rasero no merece la menor duda. Pero por si alguien lo olvidara, se encarga diariamente de recordarlo. La Fiscalía de Victoria cerró la investigación del secuestro de que fue víctima el lonko de Temucuicui, Víctor Queipul, sin culpables, ni siquiera sospechosos. Peor aún, sin haber hecho ninguna diligencia que condujera al esclarecimiento.

Una prueba clave, que estaba extraviada y que puede representar un giro en 180 grados en el caso Luchsinger-Mackay, fue reintegrada al expediente, luego que Carabineros la pusiera a disposición del Ministerio Público.  

Tres muertos, incluyendo el autor de los disparos, quién luego se suicidó, y cuatro personas heridas, todos trabajadores del lugar, dejó un tiroteo en el casino Monticello, causado por Osvaldo Campos Azócar, médico veterinario, un jugador compulsivo que perdió el control de sus actos, tras haber perdido más de 17 millones de pesos.

Por 22 votos a favor y siete en contra, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de desafuero del senador de la UDI Iván Moreira formulada por el Ministerio Público, en el marco del caso Penta. Si la Corte Suprema confirma la sentencia, quedará suspendido del cargo hasta el final del juicio.

La comisión investigadora de la Cámara Baja citará a ex generales directores de Carabineros para aclarar acusaciones realizadas por el ex jefe de Finanzas, Flavio Echeverría Cortez, en el marco de la indagatoria por el millonario fraude en Carabineros.